Muñoz conde derecho penal parte general pdf

Falsedad y falsificación en documentos notariales. Valga entonces esta aclaración “at initio”. De este análisis se colige que el muñoz conde derecho penal parte general pdf público tiene una cualidad especial y privilegiada derivada del ejercicio de una potestad otorgada por la ley a ciertos funcionarios.

La fe pública que es otorgada al documento por el notario y los efectos que produce para los actos jurídicos ha tenido un significado relevante en el orden doctrinal. Diferencias entre falsedad y falsificación a efectos legales En la doctrina igualmente se ha trazado la distinción entre falsedad y falsificación. Las polémicas están condicionadas al empleo que, de manera indiferente, realiza el legislador penal de las expresiones falsedad y falsificación, corroborado por el uso que en el lenguaje corriente tiene dichos vocablos. Es Pachecoquien advierte, por primera vez, tanto la imposibilidad de identificar plenamente ambos términos, como el empleo que de los mismos realiza el legislador y la propia jurisprudencia penal.

De esta forma la falsificación se convierte en una especialidad de la falsedad y allí donde se ejecute una falsificación, tendrá lugar una falsedad, pero como ya explicamos no siempre que tenga lugar una falsedad se efectuara, en consecuencia, una falsificación. Con respecto al término falso, pudiera limitarse su concepción al significado de “no verdadero”. Si se habla de la no veracidad de una afirmación, lo que se quiere decir es que el conteni9do de la afirmación no coincide con la realidad. La tan discutida distinción carece de una verdadera significación en cuanto a la configuración del contenido de la acción falsaria que más adelante explicaremos, aún y cuando se confunde con la clasificación que distingue la falsedad material de la ideológica.

El artículo 250 del Código Penal concreta el objeto material en un documento público, por tanto resulta menester precisar qué entendemos por documento para determinar posteriormente cuándo es dable su calificación como notarial. Dos notas resultan a priori de interés: la problemática sobre el carácter escrito del documento y la capacidad del documento para producir consecuencias en el mundo jurídico. El paso siguiente, una vez analizado el concepto de documento, consiste en determinar cuándo es público. El contenido del artículo citado no suscita dudas de que los documentos notariales a efectos penales se constituyen como documentos públicos y cuyos elementos son guardan relación con el contenido de las normas notariales vigentes. Más adelante el artículo 34 del citado reglamento plantea que el documento notarial podrá hacerse en forma manuscrita, mecanografiada o por cualquier otro medio de reproducción.

En este último aspecto la instrucción No. En el artículo 281 de la L. C se relacionan, genéricamente, los documentos que se considera de carácter público. En el inciso 1 se expresa que tienen esa categoría “los autorizados por funcionario público competente con las formalidades requeridas en la Ley”. De lo expuesto se advierte que la ley no formula una relación nominal de tales documentos, sino que enumera los requisitos que debe reunir un documento para ser calificado de carácter público. En segundo término será necesario conocer si el documento subscrito por el funcionario público está dentro del ámbito de su competencia, esto es, si tiene facultad para realizar ese acto.

No menos importante será comprobar si el documento fue expedido de acuerdo con los requisitos legales exigidos para que sea fehacientemente público. Con respecto al Notario como fedatario público la Ley 50 enuncia en el Capítulo II lo concerniente a su nombramiento y competencia y en el Capítulo III sus funciones, obligaciones y prohibiciones así como en la Secciones Tercera, Cuarta y Quinta del Reglamento de la Ley que detalla lo referente al nombramiento, las sustituciones y la competencia de éste. También el reglamento en los artículos 146, 147 y 150 establece requisitos formales para en caso de errores al foliar las hojas del protocolo y la diligencia de cierre de estos documentos públicos. Otros documentos notariales como los no protocolizables y los documentos registrales recogidos en el artículo 121 del Reglamento de la Ley y las copias del documento notarial original que obra en el protocolo a cargo del notario, también requieren de formalidades conforme a los artículos 123, 132, 133 y 134 de dicho texto. Características y capacidad de los documentos Con respecto a la capacidad del documento, conviene dejar constancia de que el documento debe tener capacidad abstracta para producir consecuencias jurídicas y además que los extremos alterados tienen que afectar a la esencia del documento, siendo aptos para dichos efectos. En términos generales un documento es auténtico cuando procede de la persona que figura como su autor. El documento es genuino cuando proviene efectivamente de quien figura en él como su autor.

El ordenamiento jurídico penal le otorga especial significado a ciertas declaraciones documentales emitidas por sujetos vinculados a la función pública. Ese es el caso de los documentos públicos notariales. Es la unión de lo auténtico con lo verídico en los documentos públicos, que se representa por la fe pública, lo que hace posible que éste alcance esa mayor falibilidad para el tráfico jurídico, en la medida en que proceda del concreto funcionario investido de esa potestad autenticadora. El artículo 1 de la Ley 50 regula que el notario es el funcionario público facultado para dar fe de los actos jurídicos extrajudiciales en los que por razón de su cargo interviene, de conformidad con lo establecido en la ley.

La veracidad del documento por su parte viene relacionada con su contenido. Es pues un atributo predicable de la declaración documental. Con la introducción de dos conceptos básicos derivados de la estructura del documento, la autenticidad y veracidad de la declaración documental, se ha contribuido de manera significativa a limitar la idea que identificaba falsedad con mudamiento de verdad. En este sentido, hay que admitir, sin embargo, que no les faltaba razón a los clásicos cuando definían la falsedad en relación con la alteración de la verdad, por cuanto evidentemente, la falsa indicación del autor del documento o la constatación falsa de los testigos concurrentes en el momento de la redacción de un testamento por parte del notario, son ejemplos claros de falsificación en los que se altera la verdad que refleja el documento. Bastante polémica puede acarrear la veracidad del documento notarial y tal sentido queremos llamar la atención sobre las disposiciones legales notariales al respecto.

Notario se atendrá a las intenciones de los comparecientes, indagando, hasta donde sea posible, el alcance de sus manifestaciones y, en todo caso, le informara a dichos comparecientes el contenido de las cláusulas obligatorias que conformarán el contrato o acto que se autorizará. De otra parte y ajustando nuestro análisis al literal del artículo 39 y a las características exigidas al documento, no puede suceder igual con el contenido de las cláusulas obligatorias que conformarán el contrato o acto que se autorizará, pues solo corresponderá al notario, por tener la obligación no solo de informar sino de asentarlas en el documento notarial, reflejar la realidad que conforme a la ley debe acreditarse en dicho documento. No obstante conviene destacar aspectos vinculados a la veracidad declarada en el documento notarial por los particulares y acreditada por el notario. Es reconocido que el Notario público es garante de la manifestación de las partes, transcribe lo que afirman, pero no es garante de que estas afirmaciones sean verídicas o de las intenciones que se esconden con tales manifestaciones. De esta forma la fe pública notarial protege lo que el Notario afirma haber realizado él mismo o aquello que ocurre en su presencia, pero no se extiende a hacer verdadera las manifestaciones de los otorgantes.